Por: Wldarico Flórez-Peña

15.04.2015 14:33

Por: Wldarico Flórez-Peña
Presidente
Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza
 
El señor presidente de la republica Juan Manuel Santos acaba de llegar de una gira por Europa buscando apoyo para los diálogos de paz que se adelantan en La Habana-Cuba con las FARC-EP.

Creíamos que los países donde estuvo el señor presidente iban a tomar la decisión de excluir de las listas negras del terrorismo que maneja la unión Europea a las FARC,  esa sería un verdadera contribución de apoyo a los diálogos de paz, pero todo indica que el tan mencionado apoyo de esos países es solo retórica y lo que ofrecen son unos supuestos recursos a través de una fondo económico para él "posconflicto".

En la revista Taller[1] número 30 de mayo-julio del 2012 en la página 78 el delito político en Colombia y la situación de los prisioneros concluíamos que el actual gobierno de Juan Manuel Santos le diera aplicación a los principios DIH y que reconocieran que en Colombia existen prisioneros políticos a quienes se les debe aplicar tal normatividad para que de una vez por todas se expida una amplia y generosa amnistía para todos los presos políticos.

El Estado Colombiano debe reconocer que en el enemigo militar hay un adversario u opositor político como presupuesto para buscar salidas políticas. El tratamiento de simples delincuentes - "amenaza terrorista" - reservado para los integrantes de insurgencia, debe ser superado excluyendo a las FARC de la lista de terroristas de la Unión Europea, pues estas son un ejército insurgente con un programa político nacional de hondo contenido social, cuyas filas han sido engrosadas por sectores perseguidos por la violencia estatal y víctimas de la exclusión social.

Esa inclusión en las listas negras del terrorismo[2] afecta garantías y el ejercicio de derechos fundamentales de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y que han sido incluidas en las listas internacionales y cobijadas con medidas de lucha contra el terrorismo. Es el consejo de seguridad de las Naciones Unidas quien aplica estas medidas que afectan los derechos humanos y el respeto a las obligaciones en los tratados internacionales.

El Estado Colombiano en los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez adoptó la política de seguridad democrática y de la "amenaza terrorista" con lo cual se afectó gran parte de los instrumentos del derecho internacional relativo a los derechos humanos que prevén igualmente que ciertos derechos no pueden ser derogados ni siquiera en situaciones de urgencia; política que ha sido continuada por el señor presiente Juan Manuel Santos.

La Unión Europea debe expulsar de las listas negras del terrorismo a las FARC-EP como una verdadera contribución al proceso de paz de Colombia, ya que ellas no representan un peligro para la seguridad de Europa y tampoco son una amenaza terrorista, pues el papel que debe cumplir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la supuesta lucha contra el terrorismo, según su resolución del 15 de Octubre 1999 S/RES/1267 en la en particular condena el terrorismo, congela fondos y otros recursos financieros, dicha resolución ha venido siendo actualizada y Colombia ha incluido en su legislación penal tales conductas que afectan la protección de las libertades y derechos humanos en nombre de los intereses de las multinacionales, que precisamente tienen su asiento en la Unión Europea.

Estas listas negras de la ONU se establecen en absoluto secreto por el comité de sanciones a petición de los miembros del consejo de seguridad, las personas que figuran en esas listas no son informadas, no tienen la oportunidad de ser escuchadas y no exponen de ningún recurso jurídico y por lo tanto dichas prácticas desacreditan la supuesta lucha internacional contra el terrorismo. El mismo parlamento del Consejo de Europa ha pedido el re-examen de los procedimientos de inscripción de las listas negras del terrorismo por considerar que estos violan los derechos humanos individuales y son "totalmente arbitrarios".

Estas famosas listas negras del terrorismo violan el debido proceso y han creado un sistema donde no hay derecho a ser oído, ni a exponer de un recurso judicial, ni a saber las verdaderas razones de su inclusión; ello quiere decir que esas listas negras siguen estando muy por debajo de los estándares de un estado de derecho y de un estado democrático como dice serlo el Colombiano.

La Unión Europea no puede seguir violando las obligaciones de los estados miembros de conformidad de la carta de las Naciones Unidas o impedir su ejecución, por lo que debe inmediatamente proceder a abolir esas famosas listas negras del terrorismo, pues solo con la aplicación de los principios fundadores de las Naciones Unidas corresponde al respeto de los derechos humanos y al imperio de la ley.

El verdadero apoyo a los diálogos de La Habana que adelanta el estado Colombiano con las FARC-EP pasa porque la Unión Europea replantee todo su entramado jurídico, cese la violación de los derechos humanos y que incluso ha puesto en peligro las libertades más importantes de la democracia, se debe seguir presionando para la democratización de esos procedimientos tan absurdos y de métodos empleados para luchar contra la supuesta amenaza del terrorismo a nivel internacional.

[1] Miguel Ángel Beltrán Villegas, el delito político en Colombia, revista taller No.30 Mayo-Julio 2012-publicacion del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales - CEIS.
 
[2] Rosmerlin Estupiñan Silva, Universidad de Valencia (España) Las listas negras del terrorismo y el respeto de los derechos fundamentales: reacciones judiciales europeas y respuestas de Naciones Unidas, Criterio Jurídico Garantista, año 3 Número 4 Enero-Julio 2011, revista de la Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Colombia.

 

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