Orden de captura contra oficial activo de la Policía, Héctor Edisson Castro Corredor

19.05.2013 16:51

Por los hechos conocidos como masacre de Mondoñedo
Orden de captura contra oficial activo de la Policía, Héctor Edisson Castro Corredor
Miércoles 19 de mayo de 2010, por Prensa - Colectivo


Catorce años después de ocurrida la masacre de Mondoñedo, en la que fueron asesinados 6 jóvenes, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de Héctor Edisson Castro Corredor, quien para la época de los hechos se desempeñaba en grado de teniente como agente de la DIJIN, en la ciudad de Bogotá, por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravados
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El fallo que además profiere resolución de acusación, se produce luego que la Corte Suprema de Justicia, el 18 de marzo de 2009, declarara fundada la acción de revisión presentada por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” en representación de las víctimas e invalidara parcialmente las resoluciones del 7 de junio y 6 de septiembre de 2001, en las que la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía 22 delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, respectivamente, decretaron la preclusión de la investigación en contra del oficial activo de la policía, Castro Corredor.

Cuatro de las víctimas de la masacre, Vladimir Zambrano Pinzón, Jenner Alfonso Mora Moncaleano, Juan Carlos Palacio Gómez y Arquímedes Moreno Moreno, fueron encontrados mutilados e incinerados el 7 de septiembre de 1996 en el basurero de Mondoñedo, ubicado en terrenos de la hacienda Fute situada en la carretera que conduce del municipio de Mosquera al de Soacha, motivo por el cual fueron trasladados a la morgue de éste último.

Las otras dos víctimas, Martín Alfonso Valdivieso Barrera y Federico Quesada, fueron asesinados, por numerosos impactos de arma de fuego, al amanecer de ese mismo día, cuando salían de sus residencias, en el municipio de Fontibón y en el barrio Argelia de la ciudad de Kennedy de Bogotá respectivamente, por hombres armados que se movilizaban en un taxi, una motocicleta y una camioneta roja HY LUV de color rojo, que según la investigación posterior hacían parte del parque automotor de la DIJIN.

Días antes de su ejecución, los seis jóvenes, que eran amigos entre sí habían dado a conocer a sus parientes, que el Grupo contra Armados Ilegales de la DIJIN les venían haciendo seguimientos, tenían elaborados retratos hablados de cada uno de ellos, lo mismo que detectadas las direcciones de sus casas, como consecuencia del señalamiento que les venía haciendo un sujeto de nombre Carlos Chaparro.

La Fiscalía basó su decisión en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que identificó como pruebas nuevas, en el proceso que se le seguía, las declaraciones rendidas ante la Fiscalía el 9 de julio de 2001, y posteriormente el 3 de agosto del mismo año, del para la época de los hechos, subintendente de la policía William Nicolás Chitiva González, quien aseguró que entre los implicados en el asesinato de los jóvenes se encontraba el oficial Héctor Edisson Castro Corredor.

No obstante lo relevante de la declaración, la Fiscalía precluye la investigación contra Castro Corredor el 7 de junio de 2001, decisión confirmada por el Fiscal Veintidós de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, al resolver recurso de apelación interpuesta por la parte civil.

Chitiva González quien fue absuelto por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el 31 de enero de 2003, fue posteriormente asesinado en la ciudad de Cúcuta, en lo que se presume un acto de venganza por las declaraciones rendidas.

Por esta masacre, el mismo juzgado condenó a 40 años de prisión a los agentes de la policía, José Albeiro Carrillo Montiel, José Ignacio Pérez Díaz y Carlos Ferlein Alonso Pineda.

Para el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, este fallo reviste suma importancia en la búsqueda de la verdad, la justicia, y la reparación integral, por esto, insta a las autoridades competentes a dar inmediato cumplimiento a la decisión y avanzar en la judicialización de todos los responsables. Igualmente, solicita a todas las autoridades adoptar las acciones necesarias para garantizar que hechos similares, no vuelvan a tener ocurrencia en Colombia.

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