LOS FALSOS POSITIVOS DE EXTRADICION

03.03.2015 14:39

LOS FALSOS POSITIVOS DE EXTRADICION
UNA POLÍTICA SUMISA DEL ESTADO COLOMBIANO FRENTE A LOS GRINGOS.
“Las convicciones filosóficas, ideológicas y políticas del revolucionario no se rebajan por el hecho de perder la libertad física. El encierro no hace desaparecer nuestras concepciones filosóficas, políticas y por el contrario, las hace más sólidas. La cárcel forja la condición de rebeldes, de revolucionarios, de comunistas, de continuadores del ideario de Simón Bolívar”
Reportaje concedido por Simón Trinidad
Al semanario Voz
Juvenal Ricardo Ovidio Palmera (“Simón Trinidad”), economista de profesión y sobreviviente de la Unión Patriótica es uno de los miles de colombianos que se han levantado en armas para enfrentar la violencia sistemática ejercida por el Estado contra la oposición política y social.
Como Integrante de las FARC-EP fue capturado el 2 de enero de 2004, en una calle céntrica de Quito (Ecuador) luego de un operativo ilegal adelantado por la Central de Inteligencia Norteamericana (CIA) y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, acusado falsamente de terrorismo, secuestro y narcotráfico
La orden de extradición fue dada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien fabricó un montaje judicial con el fin de violar el mandato constitucional que prohíbe la extradición de nacionales por razones políticas y ante la imposibilidad de probar el delito de narcotráfico se le hizo responsable de la retención de tres mercenarios norteamericanos en la selva del Caquetá, siendo juzgado por “terrorismo”.
Hoy “Simón Trinidad” enfrenta una condena de 60 años de prisión en denigrantes condiciones de reclusión en el llamado “hueco” de la prisión de Florence Colorado. Y aunque el objetivo de esta sentencia no es otro que castigar su rebeldía y sus ideales de libertad y justicia social, la prisión no ha podido doblegar su dignidad.
Conocidas las razones de su injusta extradición, convocamos la solidaridad de toda la comunidad nacional e internacional a adelantar una amplia campaña política, por su libertad y su participación en la mesa de diálogo que actualmente se adelanta en La Habana (Cuba) entre la guerrilla de las FARC y el Estado Colombiano.
Son varios los casos de ciudadanos Colombianos inocentes han sido extraditados a EEUU, como una política sumisa de Colombia frente a la potencia gringa.
Tenemos los casos del Carpintero, el vendedor de plátanos, un estudiante de administración de empresas y un piloto que han tenido que soportar ese política sumisa de extradición; en el caso del carpintero ARIEL MARTINEZ un desplazado que ni si quiera sabia porque lo habían extraditado como lo afirmo la revista semana
“….La eventual extradición de Ariel Josué Martínez, un carpintero que niega ser el capo que lavó dinero, ha conmovido a la Iglesia, a sus coterráneos de San Vicente del Caguán y a la Fiscalía, que pidió a la Presidencia revisar el caso.
Se trata de un proceso que se podría sumar a las decenas de episodios documentados en los que la justicia estadounidense se apoya de los organismos colombianos para extraditar personas inocentes.
La FM entrevistó a Martínez, quien contó la pena que atraviesa. El suyo no es un caso menor, pues lo que está en juego es que este carpintero acusado de lavar dinero producto del narcotráfico pase años encerrado en una cárcel de 2 x 2, aun cuando posiblemente es inocente.
Él no sabe por qué lo extraditarán. “Pagar por una cosa que ni siquiera se le ha pasado a uno por la cabeza es muy difícil. Me da mucho temor de mi familia, especialmente de mi niña, pues no sé cómo sea la vida de ellos conmigo lejos”, dijo el carpintero en la entrevista radial. 
Para la Corte Suprema de Justicia colombiana, Martínez debe responder ante un juez en Florida, EE. UU., por lavar dinero de la mafia a través medios electrónicos en 2008 y 2009. Pero el acusado asegura que él ni siquiera maneja correos electrónicos y que la única cuenta que ha manejado en su vida es la del Banco Agrario, donde tiene el dinero de su depósito de carpintería. Su socio y él ganan cada uno 800.000 pesos mensuales. 
“Falta la responsabilidad del Gobierno, que debería estar pendiente de si una persona cometió o no el error”, agregó Martínez. Este hombre figura en el registro de víctimas del Estado que hoy aprueba su extradición, pues en 1991 tuvo que desplazarse por la violencia de su lugar de origen en Boyacá a San Vicente del Caguán. 
Muchos afirman que se trata de una suplantación de identidad, pues la cuenta desde donde se manejaban los millones de dólares fue abierta en Bogotá y las únicas veces que Martínez ha visitado la capital han sido en el 2006 y en el 2011. 
“No tengo de quién desconfiar. Mi socio no maneja mucho lo del comercio y no he tenido reuniones o charlas sobre ese tema con nadie”, explicó el acusado.
La Fiscalía le pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que constate si Ariel Martínez es el hombre que están buscando, mientras los pobladores y la Iglesia de Caquetá afirman que es inocente y la Defensoría del Pueblo promete acompañar el caso. 
Pese a todas las dudas del proceso, el pasado 3 de septiembre el presidente Juan Manuel Santos aprobó la extradición del carpintero a Estados Unidos. La única salvación que le queda a Martínez es interponer un recurso de reposición. Su fecha límite es el 13 de septiembre. Si se demora un día más, viajará al país norteamericano.”
Fijemos que no son simples casos de homonimia, ni simples errores, ni de individualización y confusa investigación de un delito son verdaderos falsos positivos de extradición, para combatir el denominado delito de “narcoterrorismo”
En ese mismo sentido se han pronunciado los mismos extraditables que se encuentran en la cárcel la picota de Bogotá, los cuales han dirigido un comunicado a los negociadores de las FARC EP en la Habana- Cuba:
“150 Ciudadanos presos, denominados "EXTRADITABLES" hoy, se encuentran a la espera de ser entregados a las autoridades de otros Países, para ser Juzgados por delitos diferentes; especialmente a los Estados Unidos de Norte América.
Personas de diferentes estratos sociales, que han sido víctimas de los falsos positivos, por supuestas investigaciones llevadas a cabo, por organismos de Inteligencia, del Estado Colombiano.
Un alto porcentaje de estas personas, que sufren en silencio el flagelo de la extradición, son personas de bajos recursos económicos, que luchan día a día, por ganar un ínfimo salario, fruto del esfuerzo de sus labores en el campo, del trabajo artesanal o producto de la pesca en los ríos de Colombia o de quien en la zona Urbana, con su trabajo de taxista, consigue el pan de cada día, para llevar el sustento a sus familias.
Si la comunidad Internacional a través de la Corte Interamericana de los derechos humanos, se tomara el trabajo de investigar, el perfil de cada uno de estos ciudadanos, que hoy se encuentran detenidos y en proceso de extradición, encontraran con sorpresa que un gran número de ellos, están privados de la libertad, por los organismos del Estado; Sin que a ninguno haya sido escuchado por Autoridad jurídica alguna del País, que pueda revisar el caso y emitir un concepto, favorable o desfavorable, que amerite o no, la extradición.
Acaso Colombia, no es un Estado Soberano y Democrático, que protege a sus Nacionales?
Vemos con tristeza, como estos compatriotas no cuentan con ninguna Garantía jurídica o procesal, por parte del Estado.
Se violan todos sus derechos fundamentales de que habla la Carta Magna, "CONSTITUCIÓN NACIONAL" que rige las leyes de nuestro País, como reza en el Artículo 35, que prevé los eventos, en que se encuentra prohibida la extradición, al igual que los tratados internacionales, que hablan sobre la soberanía Nacional.
El Artículo 13 manifiesta, que todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirá la misma protección y trato ante las autoridades, gozando de los mismos derechos y libertades.
Artículo que, que las autoridades legalmente Constituidas, violan, Ignorando el derecho a la Protección y a la Defensa, el Estado como tal, pasa inadvertido todos los Derechos aun, los derechos de la Familia que es el pilar fundamental de una Sociedad.
Viola el derecho que tienen los niños a crecer y educarse al lado de sus progenitores, condenando a estos menores al desamparo total y al sufrimiento de tal vez no volver a ver la figura paterna, por muchos años o quizá jamás, acabando con esto uno de los derechos fundamentales que reza la carta magna, que es la protección al núcleo familiar.
El extraditar al país del norte a personas, que simplemente hicieron una llamada telefónica, mal interpretada por los entes judiciales, condenan a sus hijos a crecer con un resentimiento social, contra el Estado y sus Gobernantes, al entregar sus seres queridos. Estado que teniendo sus propias leyes entrega a sus hijos, para que sean castigados en otro País.
Igual sucede con la violación del Artículo 20 de nuestra Constitución Nacional, que expresa: Toda persona en Colombia se le garantizara la Libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, la libertad de informar o recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios de Comunicación.
Por parte de los entes investigativos y Jurídicos del País, quienes a su acomodo Interpretan lo que escuchan, para hacer falsas imputaciones, argumentando un lenguaje cifrado, donde crean en su mente maquiavélica, películas al estilo de las mejores de Holly wood.
Entregando falsos positivos y montajes judiciales, haciendo creer al país y al mundo el logro y el éxito, con un gran despliegue y capacidad operativa, que demanda del Estado, gastos de tiempo, personal y logística y que para justificar este desgaste oneroso, capturan a pobres campesinos, pescadores, taxistas o personas del común, a quienes judicializan, haciéndolo ver como personas de alta peligrosidad, que nunca han estado
vinculadas a delito alguno.
Pero no solamente es la captura y el falso positivo, si no, la falsa información que estos organismos Estatales entregan, a la prensa hablada, escrita, a noticieros de televisión, a quienes sin ningún escrúpulo y con ánimos de lucrarse con la venta de sus páginas amarillistas, difunden ante el mundo, capturas de grandes capos de la mafia, sin importar ni constatar la veracidad de la información, medios de comunicación que sin ningún escrúpulo, publican fotos, de personas acaudaladas, propietarios de aviones, barcos y hasta toneladas de droga, acabando así con el prestigio, la moral y la honradez de las personas y sus familias.
Vayamos a la realidad, son personas que han capturado y que en sus vidas nunca soñaron, con estar siquiera cerca de un avión, pero que hoy por la injusticia social y la indiferencia del Estado, esperan poder conocer una aeronave y viajar en ella, rumbo a una prisión de los Estado Unidos, es la triste realidad de nuestra querida Colombia.
Y así tenemos un sin número de casos de hermanos Colombianos que han sido extraditados hacia los Estados Unidos, truncando así sus vidas y las de sus familias, acabando y destruyendo hogares y al llegar al país de Norte y comparecer ante las autoridades, son obligados a aceptar un cargo, bajo la amenaza de ser condenados a largos años de prisión si van a juicio, como le sucedió a GABRIEL CONSUEGRA MARTINEZ y a su hijo GABRIEL CONSUEGRA ARROYO, vendedores de plátano en la ciudad de Barranquilla Colombia.
En el año 2009, el caso del Guardia de Vigilancia Privada, de la ciudad de Cali, WILLIAM GIL, quien fue extraditado por cargos jamás cometidos, y quien demando a la fiscal del caso en el sur de la Florida, por su equivocación o el caso del estudiante OSCAR GUILLERMO SIERRA FERRO, quien después de comparecer cuatro veces ante la corte, de los Estados Unido, no encontraron cargos que lo inculparan, el caso del Sr. CARLOS ANTONIO ORTEGA BONILLA, piloto de Avianca, hoy de regreso a Colombia, después de demostrar su inocencia y la equivoca solicitud hecha por la fiscalía de los Estados Unidos y así son un sin número de casos, de personas extraditadas que han demostrado su inocencia ante las autoridades Norte Americanas.
Es hora de que el mundo entero conozca la realidad Colombiana, que la Comunidad Internacional sepa lo que sucede en el país Sudamericano que entrega a sus nacionales a otros países, ante la incapacidad de juzgarlos el mismo.
Señores de la FARC-EP, integrantes de la mesa de diálogos para la paz de Colombia, en la Habana Cuba, es de conocimiento público que uno de los puntos de la agenda de la tan anhelada paz, es la no extradición, gracias por acordarse de estos compatriotas que están en todas las cárceles Colombianas sufriendo el flagelo del destierro y el Ostracismo.
Pero también solicitamos al Sr Presidente de la República de Colombia, que cese ya la extradición, que ordene la revisión del convenio de tratado de extradición con los Estados Unidos, si es que existe, que se revise cada uno de los casos de los solicitados en extradición, que no solamente la Honorable Corte Suprema de Justicia, emita el concepto favorable, solo por constatar la identidad del requerido, sin admitir pruebas que jurídicamente la evitarían, como la doble incriminación, casos que han hecho tránsito a cosa Juzgada y Non Bis In Ídem.
Queremos un país, en paz, con justicia Social, donde se respeten todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional.
Como Extraditables hoy hacemos votos, porque este proceso de negociación sea una realidad, que el Gobierno Nacional a través de sus delegados y la comisión de las FARC-EP en la Habana Cuba, lleguen a un gran acuerdo, como gesto de solidaridad, con la paz de Colombia, que se logren los objetivos deseados, para que nuestra querida Colombia sea respetada por el mundo entero, Dios y la patria encomiendan en sus manos las banderas de la Paz y la Libertad.
Nacionales en proceso de Extradición, Colombia. Patio 15 la Picota/Bogotá
Esa política sumisa de extradición por parte del Estado Colombiano es urgente que se revise para evitar que se sigan presentando los FALSOS POSITIVOS JUDICIALES DE EXTRADICCION, donde hay una clara responsabilidad del ente investigador, de la Corte Suprema de Justicia y del mismo Ejecutivo Colombiano.
Por lo pronto debe de haber un compromiso por parte de los negociadores de la Habana –Cuba para que se derogue el Acto Legislativo No. 1 de 1997 que reformo el artículo 35 constitucional de la carta Política del 91, que bien puede ser por el procedimiento de la Asamblea Nacional Constituyente.

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