LA REBELION Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO

25.10.2015 22:46

 LA REBELION Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO

Por: Wldarico Flórez-Peña

Presidente de la Brigada Jurídica

EDUARDO UMAÑA MENDOZA

El profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, se encuentra actualmente privado de la libertad por los hechos ocurridos  el 1º. de marzo de 2008 en la República de Ecuador, las Fuerzas Armadas de Colombia  llevaron a cabo  el operativo “ Operación Fénix”[1] –planeada con una año de anticipación por miembros de la inteligencia americana- contra el frente 48  de las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia- FARC- EP,  arrojado como resultado la baja, entre otros  del Comandante RAUL REYES, allí se incautaron varios enseres entre los que se encontraron, tres computadores portátiles  dos discos duros y varias memorias USB de la cual se extrajeron varios archivos en Microsoft Word y según el ente investigador por estos hechos el profesor Miguel Ángel, tiene una pertenencia  y apoyo  irrestricto  a través de sus ponencias  con la Comisión Internacional del grupo insurgente y que además promueve con sus conocimientos y actividades  a dirigir  eventos  académicos  y promueve un grupo de investigación  tendiente a obtener  recursos  económicos  para la organización Fariana. Tal operación fue ilegal pues se violo la soberanía de un país amigo, allí murieron 13 ciudadanos mexicanos y uno ecuatoriano- desconociendo  el DIH y los convenios de Ginebra-   y la Sala de Casación Penal de la  Corte Suprema de Justicia declaro ilegales las pruebas recaudadas en dicho operativo por sus múltiples irregularidades en su cadena de custodia entre otras.[2]

Por estos hechos la fiscalía[3] le endilga los delitos de Rebelión, concierto para delinquir agravado.

El profesor Miguel Ángel, ha sido perseguido penal, política y disciplinariamente  por su pensamiento crítico, pues se ha dedicado como académico a escribir sobre el tema del conflicto armado en Colombia, perseguido ferozmente por el Gobierno de Uribe Vélez, al punto que fue secuestrado el 22 de mayo del 2001, por miembros de la inteligencia colombiana- no tenía orden de captura  ni orden de extradición- en coordinación con las mexicanas y deportado ilegalmente de ciudad de México hacia Bogotá-Colombia.

El profe Miguel Ángel, tuvo que permanecer dos años y medio en diferentes cárceles colombianas, desde donde desarrollo una lucha tenaz por su inocencia y sus derechos los cuales no dudo en reclamarlos por todas las vías legales incluidas la protesta social desde el reclusorio de la  picota[4]. Desde la cárcel le conocimos su extraordinaria obra Crónicas del “otro cambuche”, donde recoge un análisis sobre la situación carcelaria y distintas estaciones del injusto proceso  que se ha seguido en su contra y diferentes entrevistas a prisioneros de políticos y desarrolla su pensamiento crítico  y libertario promotor de la cátedra libre y los derechos humanos, manifestando en conclusión que  “El silencio no es una alternativa”.

Sin embargo el 27 de julio de 2011, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá, D.C., absolvió al profesor Miguel Ángel de todos los cargos que se le imputaron por parte del ente investigador y ordeno su libertad inmediata.

Una vez en libertad el profesor Miguel Ángel continuo su arduo trabajo académico, intelectual y de pensamiento crítico, con actividades por varias universidades del país con conferencias y   su reintegro a la Universidad nacional, tuvo muchos tropiezos y el acoso por el show mediático de los medios masivos de información y la inteligencia criolla lo llevaron a un exilio voluntario, pero pronto regreso y asumió una lucha callejera con la cátedra libre y abierta contra la nueva inquisición del procurador inquisidor Alejandro Ordoñez que no dudo en sancionarlo e inhabilitarlo disciplinariamente, con el pobre argumento de ser un reclutador de jóvenes estudiantes con su actividad académica y escritos   para la insurgencia colombiana.

Pero el ente investigador no se quedo quieto apelo la decisión de primera instancia como también lo hizo el ministerio publico y las “victimas” dentro del maquiavélico proceso kafkiano que se le seguía.

De  esta manera  el Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de Bogotá Sala  de Decisión Penal[5],   el Magistrado  Ponente Jorge  Enrique Vallejo  Jaramillo después de permanecer  por  más de   dos  años en su despacho  el proceso  tomo la decisión  de  Revocar  Parcialmente  la Sentencia  que emitió  el Juzgado Cuarto Penal del  Circuito Especializado  de  Bogotá el  27  d3e  julio del  2011  y en su defecto condenar  a  Miguel  Ángel Beltrán  Villegas  como autor  del  delito  de rebelión  y le impuso  una condena  de  cien (100)  meses de prisión  y una multa  de   por valor equivalente  a  ciento cuarenta y tres punto  treinta  y tres  (143,33)  salarios  mínimos  mensuales  vigentes  y  a la pena accesoria  consistente  en  inhabilidad  para  el ejercicio de derechos y funciones  públicas  por el mismo lapso  de  la pena  privativa  de la  libertad.

Ante  esta  situación  el profesor  Miguel Ángel  Beltrán  quedó  en una situación  sud-judice,  pero a pesar   de la  gravedad  continuo  su  lucha  en una semiclandestinidad sin abandonar  su trabajo  de intelectual, académico  y del pensamiento  crítico.  Los pobres  argumentos   de la segunda  instancia  se basan  en que la “prueba”  legalmente  aducida  en el contexto  del  debate  público  permitían imputarle  el delito  de rebelión,  pero desconoce  que el señor  Beltrán  Villegas  en el momento  de su ilegal captura[6]  en La ciudad  de México  haya  sido  torturado  o sometido  a cualquier  vejamen de  similar   índole;  arguyendo  que para la rebelión no se requiere  ineluctablemente  que  el sujeto activo haga  uso directo de las armas, por su  propia  mano  pues  también se incurre  en ella, cuando  se realizan  tareas  de contenido ideológico  o político al servicio y  bajo la egida  de la organización insurgente.

La legalidad  de las pruebas  que argumenta  el  tribunal  son  sobre  la obtención de una  USB  incautada  en 22  de mayo del  2009 donde  supuestamente  encontraron decenas  de fotografías  suyas    y archivos  en Word y  como se  dijo arriba  de una manera  maquiavélica se hace  un ejercicio  de  triangulación   con otros  “hallazgos” en computadores  supuestamente  incautados  a  otros  jefes  guerrilleros[7]   deduciendo  que Jaime  Cienfuegos  es  Miguel  Ángel Beltrán Villegas,  en conclusión  las conductas  típicas  constitutivas  del  delito de rebelión  se le imputan como  militante  de las  FARC.  Pero acaso  el  tribunal  paso por  alto  que la Captura  y extradición  del profesor  Miguel Ángel Beltrán en la  ciudad  de  México  fue  ilegal, pues no  tenía  ni orden de Captura, ni orden  de extradición fue  secuestrado  por  ordenes de  Uribe  Vélez  en coordinación  con el  Gobierno  mexicano  y los organismos  de inteligencia  de ambos países  porque  según el ex presidente  en Colombia  no existía  un conflicto armado, sino una  “amenaza terrorista”  y todo era  valido  incluida  la  famosa  operación  llamada  “FENIX”.

Para  colmo de cosas  el  tribunal de marras   termina  diciendo  en su fallo de segunda  instancia  que no está  criminalizando  la presentación dialéctica  de las ideas de la  Universidad Pública  y tampoco el pensamiento  crítico y dice  que “una cosa  es que se re reconozca el profesor Beltrán Villegas  en los ámbitos letrados  como estudioso  cuyo trabajo se orienta  formalmente  hacia las teorías sociológicas  y  el análisis  del “conflicto social  y armando”.  Empero,  otra  cosa es que  horizontalice  esos trabajos  con la actividad clandestina  al Servicio de  las FARC.

Pero veamos  en un escrito del profesor Miguel Ángel lo que él piensa al respecto del pensamiento crítico:

“Persecución y pensamiento crítico - Por Miguel Ángel Beltrán Villegas

Escribía Quevedo en su famosa carta al poderoso Conde de Olivares que le había impuesto la censura: “No he de callar, por más que con el dedo, tocando ya la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo”.

Los verdugos de la palabra y la razón me han colocado tras las rejas con la pretendida ilusión de que ellas impedirán expresar mi pensamiento crítico y quebrantar mi moral; quisiera decirles que no lo han logrado ni lo van a lograr. Nada, ni siquiera la amenaza de una condena ejemplar por no admitir el delito rebelión, hará cambiar mi compromiso con un pensamiento alternativo al pensamiento único que se nos quiere imponer y que ubique en la lucha de las ideas, el eje de la disputa por una Colombia más soberana y más humana.

Sólo que si antes, libraba esta batalla en las aulas de clase, en los recintos universitarios y en los foros públicos, hoy debo hacerlo desde este pabellón de alta seguridad, donde pese a las deplorables condiciones de supervivencia, he hecho de él - al igual que millares de presos políticos más- otro espacio de resistencia y lucha por la libertad de pensamiento.

Históricamente las ciencias sociales han sido blanco de los poderes de turno, que han visto en su praxis discursiva una amenaza para sus mezquinos intereses políticos y sociales. En los años sesenta y setenta, centenares de intelectuales fueron perseguidos, encarcelados y forzados al exilio, cuando no asesinados, por las dictaduras militares que se impusieron en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. De esta forma pretendían los mandos castrenses cortar de tajo la investigación social comprometida y amordazar el pensamiento crítico, sin que las fronteras nacionales constituyeran un obstáculo para su tarea represiva como lo puso al descubierto la llamada “operación cóndor”.

Pero así como hubo pensadores que con sus posturas “neutrales” y su silencio terminaron por legitimar estas prácticas autoritarias, hubo también pensadores que a contrapelo de este pensamiento hegemónico, no dejaron de proyectar su mirada crítica, sufriendo las consecuencias de un poder despótico que proscribió sus escritos, cerró sus centros de investigación y amenazo sus vidas.

Los nombres de Sergio Bagó, Gregorio Selser, Ruy Mauro Mariné, Rene Zavaleta Mercado y Eduardo Ruiz Contardo, entre otros muchos, hacen parte de esta legión de pensadores críticos que desafiaron abiertamente la censura impuesta por los militares, y gracias a esta coherencia con sus ideas críticas pudo enriquecerse la Teoría Social Latinoamericana con sus aportes al estudio de la democracia, las clases sociales, el desarrollo, la cultura y el Estado.

En Centroamérica se hizo tristemente célebre el episodio sangriento que cobró la vida de varios intelectuales jesuitas, entre los que destacaban el filósofo Ignacio Ellacuría y el psicólogo Martín Baró, asesinados en el mismo campus universitario, por escuadrones de la muerte amparados en el Estado, que los señalaban como ideólogos de la guerrilla salvadoreña.

Colombia no constituyó la excepción, pese a ufanarse de tener la democracia más estable del continente. Por estos mismos años el cofundador de la facultad de Sociología de la Universidad Nacional y su compañera sentimental y también socióloga, María Cristina Salazar, estuvieron privados de su libertad bajo el amparo del Estatuto de seguridad Nacional, promovido por el gobierno de Julio César Turbay Ayala, todo ello por su compromiso con una ciencia social, crítica, propositiva y de cara a las necesidades del pueblo.

Pero mientras en aquellos países que padecieron las dictaduras militares, en los últimos lustros se abrieron importantes procesos de transformación política y social; en Colombia el Estado mantuvo vigente los principios fundamentales de la doctrina de la seguridad nacional, actualizados bajo la política de la “Seguridad Democrática”, que criminaliza la oposición política y la protesta social; que equipara el delito de rebelión con el delito de opinión; que coloca a la población civil como blanco fundamental de la lucha contrainsurgente y que presenta a las víctimas de la represión oficial como guerrilleros muertos en combate. No sorprende, entonces, que bajo este esquema represivo la persecución contra el pensamiento crítico se haya incrementado.

El sociólogo y periodista Alfredo Molano ha tenido que salir varias veces del país amenazado por la intolerancia del régimen y fue objeto de un proceso judicial por injuria y calumnia iniciado por la familia Araujo, fundamentando su denuncia en una columna periodística publicada por Molano en el Espectador. Más recientemente se han presentado los casos del profesor William Javier Díaz y el artista Luis Eduardo Sarmiento. La detención de este último además de criminalizar el trabajo artístico de un joven comprometido con las causas populares, constituye una clara represalia contra su padre, el intelectual Libardo Sarmiento, en un intento por acallar su voz crítica y su valiente mensaje democrático.

Así mismo, Fredy Julián Cortes, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional y con quien compartía prisión, fue presionado para que reconociera el delito de rebelión y de este modo, recibir los beneficios de un sistema penal acusatorio basado en una lógica de castigos y recompensas.

En algunos casos la represión no se ha limitado al simple encarcelamiento sino que se ha extremado hasta la aniquilación física de la persona. Es el caso del Sociólogo Alfredo Correa de Andreis, impulsor de la Asociación Colombiana de Sociología en la Costa Atlántica, quién fuera encarcelado y luego asesinado con la complicidad de los organismos del Estado, tras demostrarse su inocencia. Una suerte similar sufrió el profesor Edgar Emiro Fajardo Sociólogo de la Universidad Cooperativa.

Bajo la retórica de la “amenaza terrorista”, quienes hemos asumido una postura crítica y nos hemos opuesto a la política guerrerista del Estado colombiano se nos pretende estigmatizar y señalar como “ideólogos de la subversión”, esta es la razón fundamental por lo que me encuentro privado de la libertad y enfrentando un juicio por los “delitos de rebelión” y “concierto para delinquir”.

Quisiera antes de terminar y para conocimiento de todos los lectores, hacer una breve referencia a mi situación jurídica: En la audiencia preparatoria celebrada hace algunos meses, se incorporó como testigos en mi contra a víctimas del conflicto armado y social (desplazados y efectivos del ejército que han sufrido lesiones por la colocación de minas antipersonales), ninguno de los cuales tiene relación directa conmigo, pero que han sido reconocidos como testigos a favor de la fiscalía con el argumento que (cito textualmente) “Las víctimas de las FARC deben ser indemnizadas por aquellos académicos, dirigentes políticos y demás personas que son investigadas por supuestos nexos con la subversión”.

Esta situación revela un ataque más a la universidad pública, en el marco de un proceso de hostigamiento, evidenciando en las detenciones arbitrarias, la intromisión de la fuerza pública en el campus universitario, el asesinato y desaparición de estudiantes, las amenazas a profesores críticos, la solicitud por parte de la fiscalía General de la Nación de los listados de estudiantes pertenecientes a universidades públicas de Bogotá y la proliferación de acusaciones por rebelión a miembros de la comunidad universitaria.

Por eso, aunque soy inocente de los cargos que se me imputan, no espero justicia de estos tribunales venales, porque esta palabra parece haber desaparecido en nuestro país. Mantengo sin embargo, firme mis ideas y convicciones y aunque en este momento los inquisidores del régimen controlen desde su panóptico todos mis movimientos y violen flagrantemente mis derechos fundamentales, encadenen mis pies y manos, jamás impedirán que mis palabras críticas atraviesen los blindados muros de este establecimiento, porque tengo la fuerza de los que creen en el respeto de la dignidad humana.

Quiero concluir este escrito evocando las palabras de ese pensador crítico que fue Antonio Gramsci, a quién el fascismo pretendió quebrar como revolucionario y trato de impedirle pensar durante décadas, condenándolo a morir tras las rejas. En la carta a su madre decía el filósofo italiano estas palabras que ahora hago mías:

Quiero que comprendan bien, incluso con el sentimiento, que yo soy un detenido político y seré un condenado político, que no tengo ni tendré nunca que avergonzarme de esta situación. Que, en el fondo, la detención y la condena las he querido yo mismo en cierto modo, porque nunca he querido abandonar mis opiniones, por las cuales estaría dispuesto a dar la vida, y no sólo a estar en la cárcel y que por eso mismo yo no puedo estar sino tranquilo y contento de mi mismo.



NOTA: El presente mensaje en la botella fue publicado en la versión impresa de la Revista Cultural El Salmón. Ibagué, Edición XVI, Semestre B- 2010.

Ahora fijemos que en mayo de 2012, el profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, junto con la docente y  defensora de derechos humanos María Esther Rojas y este autor publicaron un interesante artículo[8] sobre El Delito Político  en Colombia y la situación de los prisioneros, donde se hace un interesante análisis histórico y se analizan varios casos como el de José Marbel Zamora Pérez, prisionero de Guerra de las FARC-EP, David Ravelo Crespo, defensor de Derechos humanos, ambos actualmente condenados a duras penas de prisión.

También destaca el mencionado artículo los avances y retrocesos  del delito político de rebelión su actual desnaturalización haciendo unas importantes conclusiones que hoy están en centro de la discusión en los diálogos de la Habana –Cuba que precisamente adelanta el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos[9] con la organización rebelde de la as FARC-EP.

Tales conclusiones se sintetizan así:

“Es necesario que el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos saque del bolsillo “la llave de la paz” para abrir un nuevo rumbo hacia la salida política al conflicto armado  que lleva más de 50 años, le de aplicación a los principios del DIH y reconozca que en Colombia existen prisioneros políticos  a quienes se les debe aplicar  tal normatividad  para que de una vez por todas  se expida una amplia y generosa amnistía  para todos los presos políticos.

Y continúa las conclusiones de una manera acertada en la lógica de un análisis riguroso de muchos años de trabajo planteando que:

“EL Estado debe reconocer  que en  el enemigo militar hay un adversario u opositor político  como presupuesto  para buscar salidas políticas. El tratamiento de simples delincuentes –Amenaza terrorista”- reservado para los integrantes de la insurgencia  cierra los espacios para plantear  diálogos o negociaciones”.

Finaliza dichas conclusiones manifestando que:

“Creemos que la búsqueda  de salidas políticas  al conflicto social y armado  que vive el país desde hace más de medio siglo pasa por admitir que las organizaciones insurgentes  colombianas NO son agrupaciones  terroristas, sino ejércitos insurgentes  con un programa político nacional  de hondo contenido  social, cuyas filas han sido engrosadas  por sectores perseguidos  por la violencia estatal y víctimas de la exclusión social[10].

Hoy que curioso el profesor Miguel ángel, se encuentra privado de la libertad por escribir estas afirmaciones como bien lo escribiera Jacques Vergès[11], cuando afirma que “Mi ley  estar  contra las leyes porque pretenden detener la historia; mi moral es estar  contra las morales porque pretenden paralizar la vida”

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