COMUNICADO DE DENUNCIA Y SOLIDARIDAD

29.11.2016 10:27

Probablemente detrás de los crímenes  están las mismas fuerzas oscuras  que no han dejado de actuar,  pese a sus cambios sucesivos de nombres.

La Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA y la RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLÍTICOS COLOMBIANOS – INSPP, expresan su solidaridad a todos los sectores sociales que han venido siendo víctimas de la oleada terrorista y de persecución, asesinatos, amenazas y hurto de información, a través del robo de los discos duros de computadores de miembros de organizaciones sociales.

Casos recientes como el de la Ex –Senadora PIEDAD CORDOBA, MIGUEL CIFUENTES ARDILA, MELKIN HERNAN CASTRILLON, IVAN MADERO VERGEL, ELADIO ANTONIO MORALES, LILIA PEÑA e HIMAT ABDALA, quienes el pasado 26 de noviembre fueron amenazadas de muerte por el grupo paramilitar “autodefensas Gaitanistas de Colombia”, que incluso ofrece recompensa de 2 millones de pesos por las cabezas de las y los defensores de DDHH que aparecen en una lista de exterminio.  Más reciente el caso de la directora de la Escuela de Educación Popular, Pedro Nel Jiménez, y miembro de Marcha Patriótica, a cuyo apartamento ingresaron forzosamente personas extrañas hurtando varios computadores, memorias usb y dinero en efectivo.

Esta situación de terror y muerte se ha venido desatando después de la firma de los Nuevos Acuerdos de Paz, hechos muy graves cuya responsabilidad exclusiva recae en el Estado Colombiano, en cabeza de su Presidente JUAN MANUEL SANTOS, quien debe urgentemente tomar medidas de fondo que garanticen el desmonte institucional del paramilitarismo y la seguridad de las defensoras y defensores de DDHH en todo el territorio nacional.

Exigimos:

·        Cesar inmediatamente los señalamientos y estigmatizaciones a los opositores políticos y tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los defensores de DDHH.

·        Hacemos responsable al Estado colombiano de las muertes y amenazas que han venido sucediendo en el país, por su omisión al no prestar las medidas constitucionales y legales que garanticen la vida de las defensoras y defensores de DDHH.

Bogotá, D.C. Noviembre 28 de 2016.

 

 

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